Marco Legal

Marco Legal del Proyecto Sistema Nacional de Software Público

Marco Legal del Proyecto Sistema Nacional de Software Público en correspondencia al conjunto de estrategias emprendidas por el Estado Venezolano, apuntando a la construcción del Socialismo Bolivariano que se gesta en Venezuela desde Febrero del año 1999, se ha considerado estratégicamente la formulación de Políticas Públicas que promueven la Soberanía Tecnológica del Estado Venezolano, así como la democratización y apropiación social de las Tecnologías de Información. Es por ello, que el Gobierno Bolivariano ha asumido como prioridad para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional y tecnológica, el uso prioritario del Software Libre como primer paso para alcanzar esos ideales, ya que la adopción del mismo conforma una de las bases para constituir un desarrollo tecnológico orientado al desarrollo social y la eficiencia productiva, gracias a la posibilidad que brinda de socializar y transferir el uso de esos productos que han sido desarrollados bajo los estándares propios del Software Libre. Gracias a estas iniciativas, Venezuela es referencia en lo que respecta a la promoción y uso del Software Libre en la Administración Pública y Poder Popular como estrategia para alcanzar la independencia científica tecnológica, que sin duda contribuirá con la seguridad y soberanía de la Nación.

El proyecto Sistema Nacional de Software Público tiene como propósito el uso efectivo de las Tecnologías de Información Libres en los distintos aspectos del quehacer nacional siguiendo los lineamientos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del Plan de la Patria: 2013-2019 y particularmente de la Ley de Infogobierno. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Desde la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 110, se reconoce como de interés público la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información, a los fines de lograr el desarrollo económico, social y político del país, y que el Ejecutivo Nacional (a través del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología), debe velar por el cumplimiento del mencionado precepto constitucional y específicamente a través de sus tres grandes objetivos estratégicos planteados:

  • Independencia científica tecnológica, para contribuir con la seguridad y soberanía de la nación.
  • Apropiación del conocimiento científico y tecnológico para propiciar la inclusión social.
  • Desarrollo de las capacidades científico–técnicas e institucionales para garantizar el manejo soberano de los recursos naturales.

Plan de la Patria 2013-2019 Ley de Infogobierno

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